El pasado 16 de febrero, representantes de Amnistía Internacional presentaron los primeros avances de la investigación que vienen llevando a cabo respecto a las movilizaciones de los dos últimos meses, esto en el marco de la crisis sociopolítica el país se encuentra atravesando.

En una conferencia de prensa, donde también se encontraron presentes representantes de los deudos de las personas fallecidas durante las manifestaciones, el organismo señaló que cuentan con información documentada sobre más de 40 casos de violaciones a los derechos humanos desde diciembre del 2022. 

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Si bien la presidenta Dina Boluarte les aclaró que, desde el Ejecutivo, no se ha dado ninguna orden para el uso de armas para el control de las manifestaciones, el equipo de trabajo de la organización reportó que existen registros de un "uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada" por parte de las fuerzas del orden encargadas de mantener el orden público. 

Asimismo, dieron cuenta de que la crisis se ha visto empeorada por la “la estigmatización, la criminalización y el racismo contra los pueblos indígenas y las comunidades campesinas” e hicieron énfasis en que las zonas con una mayor cantidad de población indígena "sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis".

Por último, los representantes de Amnistía Internacional señalaron que el Ministerio Público lleva llevando a cabo las diligencias correspondientes respecto a los sucesos acontecidos en lo que van de las manifestaciones, aunque lamentó la falta de recursos y capacidad de las fiscalías regionales a cargo de investigar las muertes registradas en lo que van de las movilizaciones. Por lo mismo, hizo un llamado a las autoridades a garantizar una realizar "todas las investigaciones de manera imparcial y expedita", siguiendo los estándares internacionales.

Hallazgos iniciales de investigación de crisis en Perú https://t.co/FHo0Kqj1nk

— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) February 16, 2023