Andrés Villar Narro, alcalde de Cajamarca y presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) señala que son 5429 millones de soles que ayudarán a cubrir las demandas postergadas por décadas.

El artículo 118 de la Constitución Política en el numeral 19 establece que los decretos de urgencia se pueden dar siempre y cuando cumplan requisitos que versen en materia económica y financiera, efectivamente, una transferencia de recursos trata sobre ello.

[Lee también: Elvia Barrios solicitó al Ejecutivo convocar al Consejo de Estado]

Ahora, el Legislativo y los alcaldes de todo el país conversarán a las 3 p.m. porque el presupuesto otorgado a mitad del 2021 y las obras de carácter social están en la encrucijada.

En la Edición Matinal de TVPerú Noticias, Andrés Villar Narro, alcalde de Cajamarca y presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), explica que debido a la pandemia se aprobaron dos decretos de urgencia el 086 y el 0100 del año pasado y el Congreso quiere paralizar esos trámites. “Estamos hablando de recursos transferidos a 196 municipios y a 26 gobiernos regionales, unos 5429 millones de soles”.

El presidente de la REMURPE afirma que es un atentado con el proceso de descentralización y va en contra del fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. Así, recuerda que la primera opción busca cubrir con una mayor eficacia y eficiencia la demanda de la población. “Esto se da a través de la ejecución de proyectos de inversión pública para lo cual nosotros como gobiernos locales y regionales nos ajustamos a los requisitos y a las normas que establece el gobierno central para lograr su financiamiento”, dice, “es así que el año pasado el resultado de la captación de mayores recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y en el marco de una pandemia que se ha extendido a lo largo de dos años se emiten dos decretos de urgencia para cubrir demandas vinculadas a agua y saneamiento, de transitabilidad y a mejorar las condiciones de salud y educación, necesidades postergadas por décadas”.

Con respecto a los tiempos de cada decreto de urgencia, Villar Narro precisa que el DU 086 fue hasta el 31 de diciembre del 2021 y el DU 0100 va hasta el 31 de agosto de 2022. “De prosperar la intención del Congreso colisiona con los postulados básicos del proceso de descentralización, pero además se tendrán dos consecuencias nefastas para el Estado peruano. En primer lugar, lo endeudará porque los gobiernos locales y regionales con las inversiones en curso van a incurrir en penalidades. Los contratistas harán las demandas y acciones legales correspondientes. Cobrará al Estado, pero lo más nefasto es que estos proyectos serán postergados, paralizados y si un gobierno sensato los reactiva, demandarán mayores costos y eso es alarmante”.

El alcalde de Cajamarca señaló que la propuesta del Legislativo resulta extralimitada porque realiza un análisis de constitucionalidad. “Lo que sustentan es que los 5400 millones que se establecieron en estos dos decretos solo se han comprometido 2200, pero era lógico porque se emitieron en el mes de septiembre y no se iban a gastar todos esos recursos en el ejercicio presupuestal 2021, pero estos proyectos ya están en ejecución”.  

Se recuerda que el Congreso de la República tiene facultades de representación, fiscalización y legislación. El presidente de REMURPE cree que hay un desconocimiento de un sector de parlamentarios a nivel nacional que “buscan concentrar la posibilidad de que las transferencias económicas pasen por sus manos y eso es un antecedente nefasto”, dice, “¿Queremos regresar a las denuncias que ha habido hace años y por lo cual algunos congresistas incluso fueron a la cárcel por tráfico de influencias?”.