Países de las Américas se adhieren a la declaración de Lima para luchar contra el Comercio ilegal de Vida Silvestre
Los representantes de los gobiernos de los países del continente americano y organizaciones de integración económica regional culminaron la I Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre con la adhesión a la Declaración de Lima para luchar contra este negocio ilícito que afecta nuestras especies y sus ecosistemas.
El documento que fue leído por el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y Riego, Alberto Gonzales-Zúñiga hace un llamado a la comunidad regional e internacional a tomar acciones urgentes y coordinadas en las Américas y en otras partes del mundo para enfrentar el comercio ilegal de vida silvestre y lo reconoce como un delito grave.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero clausuró el encuentro internacional y reconoció el esfuerzo de los países participantes que se han adherido a la Declaración de Lima para enfrentar este comercio ilegal que constituye un crimen organizado.
Los países adherentes expresaron el firme y decidido compromiso político de adoptar y promover 21 medidas que permitan luchar de manera frontal contra este delito que tiene consecuencias adversas no solo para las especies y sus hábitats, sino también en la economía, la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas y poblaciones locales.
Entre los acuerdos reconocieron al jaguar (Panthera onca) como la especie emblemática de las Américas y símbolo de la lucha contra el comercio ilegal de la vida silvestre, debido a su importancia en el mantenimiento de los paisajes naturales y la funcionalidad de los ecosistemas, así como por representar un ícono espiritual y cultural de muchos pueblos a lo largo de su rango de distribución.
El jaguar es el felino más grande de América que se distribuye desde México hasta el norte de Argentina y en el noroeste de Brasil y está amenazado por la pérdida de su hábitat, la disminución de sus presas, la cacería por conflictos con humanos y por el tráfico ilegal de colmillos, huesos, pieles.
Otra de las medidas adoptadas en la Declaración de Lima se encuentra adoptar el uso de técnicas de investigación financiera y apoyar las asociaciones público-privadas para identificar los flujos financieros ilícitos, así como las organizaciones criminales y sus redes asociadas con el tráfico ilegal de vida silvestre.
Los países también se comprometieron a fortalecer las instituciones públicas que se dedican a la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre y apoyar sus acciones concretas y efectivas para evitar la oferta y reducir la demanda de vida silvestre y sus productos provenientes del comercio ilegal, incluyendo las áreas naturales protegidas.
Así como, a elaborar estrategias destinadas a erradicar la demanda y la oferta de productos ilegales de vida silvestre y fomentar una tolerancia cero para este delito y sus delitos conexos; y desarrollar y hacer uso de las nuevas tecnologías innovadoras y herramientas que puedan facilitar la identificación y el control del comercio ilegal de las especies, sus partes y derivados.
Además participarán y fortalecerán las redes existentes en la región de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre y a fomentar la cooperación entre ellas.
Los países que se adhirieron a la Declaración de Lima son Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Perú, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Reino Unido y Guatemala.
Sin embargo, los demás países tienen la opción de adherirse hasta antes de la celebración de la II Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre que se realizará en Colombia en el 2021.
