Fue detenido el ex vocal de la Corte Suprema, Robinson Gonzales, por presuntos vínculos con la red de Rodolfo Orellana. Sepa más del perfil de este ciudadano, relacionado a un complejo caso de delitos de lavado de activo y la asociación ilícita para delinquir.

La detención del ex juez ocurre luego de que colaboradores eficaces indicaran que Gonzales Campos tuvo una oficina en el denominado ‘búnker’ de Orellana, en San Isidro, donde también se editaba la revista “Juez Justo”, utilizada para atacar mediáticamente a enemigos de la red.

Pero fue en agosto del 2011 cuando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió no ratificarlo como juez supremo. Se atendió cuestionamientos del Instituto de Defensa Legal (IDL) debido a sus controvertidas sentencias.

Firmas falsas

El 23 de julio del 2003, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, con participación de Robinson Gonzales, anuló una resolución que dejaba sin efecto el fallo de la Sala Penal de Delitos Tributarios y Aduaneros que en el 2000, bajo el control de Vladimiro Montesinos, señaló que falsificar firmas no constituía un delito. Robinson avaló firmas falsas de Perú 2000  que permitieron a Alberto Fujimori postular a la rereelección.

Caso Baruch Ivcher

En febrero del 2004, la Sala Penal Transitoria, integrada por Robinson Gonzales, admitió una queja interpuesta por encausados Vladimiro Montesinos, Enrique Escardó y otros, para anular la decisión de la Sala Superior Anticorrupción que ordenaba un proceso penal contra los mencionados por asociarse ilícitamente para retirar la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher.

Semilibertad de Gamarra

El 7 de junio del 2004, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, con participación de Robinson Gonzales, confirmó la excarcelación del ex congresista del FIM Ernesto Gamarra (quien recibió US$3 mil de un testaferro de Montesinos), otorgándole el beneficio de semilibertad en aplicación de una norma derogada del Código de Ejecución Penal de 1991. Contravinieron la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Facultades Anticorrupción.

En junio del 2004, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, con participación de Robinson Gonzales, resolvió que la Procuraduría Ad Hoc debía tener solo facultades para apelar respecto de la reparación civil, lo que limitaba la capacidad de los procuradores en la lucha contra la corrupción.