El 37º Juzgado Civil de Lima admitió la demanda por nulidad de acto jurídico presentada por la Municipalidad de Lima para traerse abajo un convenio suscrito en abril de 2012 y por el cual los funcionarios de Protransporte -gestión de Susana Villarán- aceptaron pagar millonarias compensaciones a los operadores del Metropolitano en forma irregular.

La demanda comprende a las empresas operadoras Lima Vías Express SA, Transvial Lima SA y Lima Bus Internacional SAC, a las que se exige pagar compensaciones por más de 1,000 millones de soles "debido al enriquecimiento indebido derivado de la celebración del convenio para resolver las discrepancias".

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La demanda también busca que los concesionarios restituyan al municipio un monto superior a S/ 70 millones pagado indebidamente por la anterior administración edil, ya que realizó este desembolso pese a que las empresas operadoras nunca cumplieron con fijar la fecha de inicio de la concesión del Metropolitano, que funciona desde hace ocho años pero en etapa de "preoperación".

La demanda también comprende a la entidad estatal Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y a Protransporte, puesto que tales entidades -vía sus funcionarios de entonces- admitieron suscribir este convenio que benefició a los operadores pese a que contravenía el artículo 25º de la Ley de Descentralización Fiscal.