María Jara, expresidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presentó una demanda de amparo contra la decisión del gobierno de modificar a los miembros del consejo directivo de esta entidad y retirarla del cargo.

A través de un expediente, registrado ante la Corte Superior de Justicia de Lima, la exfuncionaria denuncia que el decreto supremo que dispuso su salida vulneró sus derechos fundamentales al ejercicio pleno de la función pública y al debido proceso.

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En declaraciones a la prensa, el abogado de María Jara, Luciano López, señalo que la salida de su patrocinada es una “norma con nombre propio”.

Agregó que se trataría de una infracción constitucional y las responsabilidades alcanzarían hasta la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, y la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte.

La defensa de María Jara considera que su destitución fue ilegal, pues atenta contra los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. En esa línea, solicita la inaplicación total del cese de sus funciones, así como la nulidad de la resolución que modifica las causales de destitución de los miembros directivos de la ATU.

La expresidenta de la ATU requiere también que se respete el tiempo de duración su gestión que, prescrito en la Ley N.° 30900, debía extenderse por cinco años.

Finalmente, María Jara pide su inmediata reposición en el cargo de miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, organismo adscrito al Ministerio de Transportes.

“La razón fundamental de este amparo es defender la institucionalidad. Esto no es solamente la restitución de una persona en una posición, es defender la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia”, indicó María Jara en declaraciones a la prensa.

La medida de amparo deberá ser evaluada por la jueza Malbina Saldaña Villavicencio, en el Segundo Juzgado Constitucional de Corte Superior de Justicia de Lima.