La Procuraduría del Ministerio del Interior invoca formalmente a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay a impugnar el fallo que ha liberado a los hermanos Chávez Sotelo, quienes eran asesores legales de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Se señala a través de un oficio que esta decisión afecta gravemente la lucha contra la criminalidad organizada y que por ello es necesario que la Corte Suprema de Justicia vea en última instancia las irregularidades que observan en la decisión.

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Entre las anomalías detectadas en la resolución mencionan que se niega la existencia del suficiente material probatorio que existe en autos, adelantan opinión al calificar de “muy genéricas” las imputación de un testigo protegido, y que pone en debate asuntos que no han sido tratados en la presente incidencia.

Asimismo, consideran como adelanto de opinión que la sala cuestione el registro de la intervención de las comunicaciones al afirman que no han sido corroboradas con diligencia pericial de identificación de voz.

La Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público también precisa que la caución impuesta a los imputados debió fijarse en un monto no menor de 100 mil soles para cada uno, por la relevancia del proceso.

Como se recuerda, la Sala Penal de Apelaciones de Abancay declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva para Jorge Martín Chávez Sotelo, Frank Aníbal Chávez Sotelo y Carlos Fernando Vargas Arizábal, ordenando en su lugar comparecencia con restricciones.

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— Mininter Perú (@MininterPeru) 4 de mayo de 2019