El 81.2% de los jueces y juezas concede una pensión de alimentos menor a 500 soles, según el informe de la Defensoría del Pueblo “El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos”.

“Con este monto únicamente se cubre la alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (328 soles en el 2016), pero resulta insuficiente para atender otros aspectos indispensables para su desarrollo, como salud, educación, vivienda, vestido y/o recreación”, se indica.

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El documento revela que el 95.3% son demandas presentadas por mujeres y el 89% de sus pretensiones son en favor de sus hijos e hijas. Además, el 50.6% de las demandantes se dedica a las labores del hogar; mientras que el 16.8% se encuentran en situación de desempleo y solo un 16.3% realiza actividad laboral remunerada.

El informe, elaborado sobre la base de una evaluación de 3,512 expedientes archivados entre los años 2014-2016, señala que menos del 3% de las demandas se resuelven en primera instancia dentro del plazo legal de 30 días hábiles, pese a que el proceso de alimentos se debe caracterizar por su rapidez y urgencia.

Anota que el 38.9% de los casos que concluyeron con sentencia estimatoria fueron cumplidas. Sin embargo, en el 43.3%, la ejecución demoró entre 1 y 10 meses, mientras que el 33% tardó más de 11 meses. Solo el 10.4% de las sentencias fueron apeladas y en relación a los casos concluidos sin sentencia se precisa que el 45% fue por abandono del proceso, el 15% por conciliación y el 40% por improcedencia, desistimiento e inadmisibilidad de la demanda.

Señala, además, que el proceso de alimentos, desde una perspectiva de los operadores de justicia, presenta algunas dificultades. “Para el 32.7% de los jueces y juezas entrevistadas, la carga procesal es la principal causa en el retraso del trámite de expedientes, en tanto un 16.7% indicó que es la falta de personal y un 33.9% señaló a los defectos en las notificaciones”, dice.

Un aspecto preocupante, menciona, radica en el empleo de un intérprete de lenguas nativas u originarias, ya que el 29.4% de los jueces no puede comunicarse directamente con las partes en distritos judiciales donde predominan este tipo de lenguas y en el 65% de los casos no se tuvo acceso a un intérprete, a pesar de haber sido requerido por las partes.