Mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2015, el Gobierno aprobó un procedimiento especial para que los ministerios, gobiernos locales y regionales soliciten extraordinariamente la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esto para coadyuvar a la seguridad jurídica, la generación de un adecuado ambiente de negocios y con plena coherencia con la obligación del Gobierno de no descuidar el adecuado manejo de las finanzas públicas a través de una adecuada identificación y mitigación de riesgos fiscales.

El referido Decreto de Urgencia, vigente hasta el 31 de mayo del 2016,  establece que por un plazo de 40 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la norma, los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que hayan suscrito contratos y sus adendas sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas, podrán por única vez, solicitar la opinión al MEF, para lo cual previamente deberá obtener el consentimiento previo del inversionista. 

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, indicó que el procedimiento establecido mediante el D.U. es una manifestación fehaciente de la preocupación del Gobierno para mantener el impulso del crecimiento económico en beneficio de la población, a través del fortalecimiento de la inversión privada, permitiendo de manera excepcional a las entidades obtener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

“Estas medidas tienen como objetivo impedir la paralización de obras de infraestructura pública o la interrupción de servicios públicos, ya que las Asociaciones Público Privadas (APP) son de suma importancia para la dinamización de la economía mediante la creación de empleos directos e indirectos, y para mejorar la calidad de vida de la población a través del acceso a servicios básicos”, subrayó. 

“Frente a una situación extraordinaria que requería la actuación del Estado en todas sus instancias, se hacía necesario dictar medidas urgentes que afirmaran la confianza y estabilidad jurídica en el mecanismo de Asociaciones Público Privadas. Pero a su vez, en coherencia y pleno respeto al deber del Gobierno para actuar con responsabilidad en la administración de la Hacienda Pública, con el único fin de proteger los recursos e intereses de todos los peruanos", agregó.

"Por tanto, con esta medida, el Gobierno demuestra su especial atención a prestar servicios efectivos a la población y contribuye al repunte de las expectativas de los agentes económicos en la economía peruana, actuando siempre de manera decidida y responsable, con el objetivo primordial de proteger los intereses de la población en general, puntualizó Segura.