El presidente de la Corte Superior de Justicia, César Sahuanay, explicó la nueva estrategia aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que reta a los jueces de la Corte Superior Nacional a dictar sentencia sin dilaciones, tal como reclama la ciudadanía.

“Lo que el consejo ejecutivo ha aprobado en una resolución, la 299-2021, es una especie de reingeniería en función a dar mejor uso de los recursos. La ciudadanía reclama sentencias. Se dictaron una serie de medidas cautelares, prisiones preventivas, detenciones preliminares, pero no hay sentencia”, comentó.

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Dijo que se ha identificado que la etapa inicial es el cuello de botella. Fase en la que, por ejemplo, se sigue el caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. “Esa etapa está a cargo de jueces de investigación preparatoria que una vez que avanzan tienen que conocer un sinnúmero de prisiones preventivas y eso hace difícil concretar la etapa intermedia”, dijo.

Ante esta disyuntiva se ha propuesto integrar a diez jueces que conocen de forma transversal los procesos de corrupción y de crimen organizado, relevando del todo al sistema anterior de cuatro magistrados para una de estas dos especialidades.

“Ahora se ha puesto a 10 jueces que no conocen de sistemas especializados; es decir, desapareció la especialidad de corrupción y de crimen organizado, se ha unificado la competencia”, informó.

Esto trae una consecuencia central, básica: a los jueces de mayor antigüedad y de mayor carga del sistema; es decir los Drs. Concepción Carhuancho y Raúl Zúñiga Urday, se les cierra el tour. A partir de esta resolución ya no verán nuevos procesos de prisiones preventivas. “De tal manera que puedan descongestionar las etapas intermedias afectadas porque ellos son los que habilitan para que se inicien los juicios orales”, señaló.

En cambio, a nivel de juzgados colegiados; es decir, a los que iniciarán el juzgamiento, se ha creado un nuevo colegiado con más de cuatro miembros.

“La modificación más trascendente es que se han incorporado dos nuevas salas superiores penales de apelaciones que van a permitir descongestionar la carga que se tiene atrasada del Código de Procedimientos de 1940, en la que se está juzgando, por ejemplo, al congresista Guillermo Bermejo, los casos Movadef y todos los temas de violaciones de derechos humanos en la época de Alberto Fujimori, donde hay un problema, tanto por el lado de Sendero Luminoso y el MRTA, como también por algunos excesos y violaciones de derechos humanos por parte de los militares”, concluyó.