Hoy entró en vigencia la Ley que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado, por un plazo de 90 días calendario.

Al respecto, el Ejecutivo prevé tomar medidas con énfasis en combatir el sicariato, la extorsión y  el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos,  así como la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

Podrá, también, disponer de la supervisión, gestión y control migratorio en diversos puntos del país; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.

Asimismo, podrá tomar acciones para reforzar los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicación para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Estará facultado también para potenciar la capacidad operativa, la organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

En el plazo establecido, el Gobierno podrá promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en el aspecto de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así como mejorar el marco regulatorio del tratamiento de reclusión juvenil.

Asimismo, tendrá facultades para optimizar el Sistema Nacional de Registros Públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.

Por último, el Ejecutivo tendrá facultades para fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.

(Con información de ANDINA)