El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso 'Aeródromo Wanka', por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. 

Asimismo, el Colegiado le impuso el pago de reparación civil de S/ 800 mil; así como también su inhabilitación de 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.

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Tras la decisión judicial, el también exgobernador de Junín no se pronunció en ninguna de sus redes sociales y se desconoce su paradero actual.

PARADERO DESCONOCIDO DE VLADIMIR CERRÓN

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó que intentó comunicarse con Cerrón Rojas, pero no contesta las llamadas. “Hemos intentado comunicarnos vía telefónica [con Vladimir Cerrón] y está apagado su celular”, señaló a los medios de prensa.

Trascendió que Vladimir Cerrón no se encuentra en Huancayo (Junín), pero sí estaría en la capital. Un equipo de TVPerú Noticias se trasladó hasta la cuadra 14 de la avenida Arequipa, en el distrito de Lince, donde viviría el líder del partido del lápiz. 

Hasta el lugar también llegó personal de la Policía Nacional, a fin de constatar su presencia en el departamento vinculado a su persona. 

EL CASO

En febrero, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Justicia condenó al líder de Perú Libre y ex gobernador regional de Junín  por cuatro años de cárcel efectiva tras ser hallado culpable del delito de colusión, pero Vladimir Cerrón apeló.  

Hoy, viernes 6 de octubre, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín rechazó la apelación presentada de Vladimir Cerrón. 

Esta instancia judicial encontró indicios del delito de colusión en el proceder de Cerrón en la firma del contrato de concesión. El proceso tuvo un direccionamiento favorable al consorcio Aeródromo Wanka y en el mismo la exautoridad regional participó de comienzo a fin, se indicó.

Ello se hizo a pesar de que la implementación de esta infraestructura no contaba con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil, perjudicando al Estado.