Este 21 es el último de los 60 días del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en la provincia arequipeña de Islay y Mollendo, para restablecer el orden y la paz social.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado que distritos directamente afectados por el proyecto Tía María (Cocachacra, Deán Valdivia, los anexos El Arenal y La Curva) aún no están dispuestos a establecer un diálogo con Southern Perú. No obstante, la minera tampoco ha establecido una campaña de difusión o diálogo con la provincia de Islay, donde no difunde los spots televisivos que si propaga en la capital de la región y en el resto del país.

En tanto, el Gobierno Central evalúa extender el estado de emergencia (como informó la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz), tal como lo ha solicitado la gobernadora regional Yamila Osorio.

No obstante, Osorio también propone contratar un organismo internacional para que revise el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María y determine, en base a análisis especializado, la viabilidad del proyecto minero.

Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jaime de la Cruz, alcalde de Deán Valdivia, y otros alcaldes como el de Cocachacra, se muestran a favor de retomar la huelga, advierte la Policía.

La Policía mantiene a mil agentes en la provincia para evitar el posible reinicio del conflicto. Los agentes están apostados en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bómbon, Mejía, Mollendo e Islay.