Terrorismo urbano: ¿qué plantea el proyecto de ley del Poder Ejecutivo?
Poder Ejecutivo plantea endurecimiento de penas si se usan a menores de edad y si participan miembros de las FF. AA. y PNP en delitos de sicariato, secuestro o extorsión. Foto: Andina.
La ola de delincuencia que azota al país llevó al Gobierno a elaborar un proyecto de ley para tipificar el nuevo delito de terrorismo urbano y atacar así a las organizaciones criminales que matan, secuestran y extorsionan a empresarios, profesionales, bodegueros, ambulantes y hasta vecinos de condominios.
El temor a que se cumplan las amenazas de los extorsionadores, obliga a muchas víctimas a ceder y pagar los montos que les exigen a cambio de no atentar contra sus vidas o la de sus familiares.
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Esta iniciativa legislativa se suma a otras que ya recibió el Congreso de la República y evalúa para emitir un dictamen.
¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO SOBRE TERRORISMO URBANO?
El proyecto de ley que modifica el Código Penal define como terrorismo urbano a los “actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella” mediante los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato o extorsión.
Para este delito se plantea una pena privativa de la libertad no menor de 30 años para quienes cometan sicariato, lo ordenen o lo encarguen.
La cadena perpetua se establece para los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) o Policía Nacional del Perú (PNP) que comentan estos delitos. También cuando se use armamento, material de guerra o explosivos de las instituciones castrenses y policiales.
La misma pena se aplicaría a quienes utilicen a menores de edad o personas inimputables para cometer estos crímenes.
Adicionalmente, el proyecto de ley castiga con no menos de 10 años de cárcel ni más de 15 a quienes participen en una conspiración para promover o facilitar el delito de sicariato, a los que soliciten u ofrezcan cometerlo, así como a los que actúen como intermediarios. Si estos se realizan con la intervención de un menor de edad, la pena para esta acción será no menor de 20 años de prisión ni mayor de 30.
Para quien cometa el delito de extorsión se propone una pena de entre 15 y 20 años.
“El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero, una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años”, precisa el documento.
El proyecto de ley tiene una propuesta específica para proteger al transporte público. Esta consiste en aplicar una pena de cárcel no menor de 25 años, ni mayor de 35 si la violencia o amenaza va a personas naturales o jurídicas de este sector.
Con todas estas propuestas, el Poder Ejecutivo propone modificar los artículos 108-C, 108-D y 200, así como incorporar el artículo 315-C con la finalidad de fortalecer las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana.
El proyecto de ley espera que sea debatido lo más pronto posible por el Pleno del Congreso, considerando su carácter de urgencia.
En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la iniciativa legislativa es un compromiso del Gobierno ineludible.
“Quiero informar que hoy día, en la fecha, va a ser remitido al Congreso de la Republica el proyecto de ley por medio del cual modificamos el Código Penal en lo relativo a los delitos de sicariato y extorsión e incorporamos el delito de terrorismo urbano. Este era un compromiso del Gobierno”, afirmó.
Agregó que de esta manera espera que la iniciativa legislativa del Gobierno sea incorporada al grupo de proyectos que son debatidos por los congresistas y se pueda “con prontitud tener un proyecto de ley que con seguridad el Poder Ejecutivo va a respaldar”.
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