El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, calificó de “desafortunadas” las declaraciones del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, respecto a las elecciones en Venezuela. “La mayoría del pueblo peruano y las autoridades somos conscientes de que en Venezuela no hay democracia. Lo que se pretende es que un mandatario intente desconocer la voluntad popular y perpetuarse en el poder a sangre y fuego. Lamentablemente, ya hay más de 20 venezolanos muertos y más de 1 500 detenidos”, afirmó. 

El último jueves, el defensor del pueblo al consultarle se había una dictadura en Venezuela, sostuvo que hubo elecciones. “Un proceso electoral solamente se da en gobiernos democráticos. Si no se dan los demás elementos, ya lo dejo a criterio de cada uno”, subrayó

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Al ser consultado sobre los comentarios del congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, quien expresó que le preocupan más los muertos en Perú que en Venezuela, Salhuana respondió que esas declaraciones deberían ser más serenas. “La vida del ser humano es igual en Venezuela y en cualquier parte del planeta”, agregó.

Sobre la pensión del expresidente Alberto Fujimori, Salhuana reiteró que la decisión de otorgarla fue asumida, decidida y notificada el 10 de julio, y que ya debería ser efectiva desde este mes.

PRESIDENTE DEL CONGRESO SOBRE PARTIDO ANTAURO

No obstante, el presidente del Congreso afirmó que la decisión es polémica y reconoció que la norma que regula las pensiones de expresidentes no es clara, lo que provoca discrepancias en su interpretación jurídica. Añadió que cualquier parlamentario puede impugnar esta decisión y plantear su nulidad, y en caso de ser denegada, acudir al Poder Judicial.

En relación al pedido de la Fiscalía de la Nación a la Corte Suprema para declarar la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.TA.U.R.O.), encabezado por Antauro Humala, Salhuana dijo que la decisión corresponderá al Ministerio Público o al Poder Judicial. Sin embargo, expresó su opinión personal y política de que se debe impedir que ciudadanos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, terrorismo o asesinato puedan postular a la presidencia de la República.