El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la presidenta Dina Boluarte y al entonces presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, quienes le enviaron una carta a dicho organismo internacional haciéndole saber el malestar ocasionado por la resolución que emitió indicando al Estado peruano que detenga la promulgación de la ley de sobre prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

Adrianzén dijo que no hay ningún mandato que cumplir y que todo está se está haciendo de acuerdo a ley.

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“Nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que ya todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad”, afirmó.

En conferencia de prensa, el jefe del gabinete ministerial reiteró que el gobierno no reconoce ninguna autoridad supranacional.

“Nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno o en otro sentido”, puntualizó.  

GUSTAVO ADRIANZÉN: “NO ES CIERTO QUE LEY PROMUEVA IMPUNIDAD”

El presidente del Consejo de Ministros indicó que el gobierno no observó la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad luego de un amplio debate en el gabinete y ahora corresponde al Congreso de la República decidir si la promulga.

“La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano”, indicó.

GUSTAVO ADRIANZÉN: “LEY NO AFECTA A VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”

Gustavo Adrianzén afirmó que la ley en cuestión no afecta a las víctimas de crímenes de lesa humanidad sobre todo a las de los casos La Cantuta y Barrios Altos porque sus casos ya cuentan con sentencia judicial.

“Nosotros no creemos que con esta ley de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar en modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo”, dijo.

“No hay impunidad, lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Yo allí no veo dificultad mayor”, puntualizó.

El jefe del Gabinete agregó sobre la respuesta de la Corte IDH que también atendió el pedido del gobierno peruano sobre dialogar para mejorar el sistema interamericano de justicia dado que algunas decisiones son, por lo menos, sesgadas.

“Lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidos por los órganos del sistema interamericano. Me refiero a la Comisión y a la Corte cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas decisiones pronunciamientos sesgados, ofenden con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el estado peruano”, resaltó.

“DEMANDA COMPETENCIAL NO BUSCA CONVERTIR AL EJECUTIVO EN INTOCABLE”

Sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), el presidente del Consejo de Ministros afirmó que se hizo para determinar las causas por las que un jefe de Estado puede ser acusado.

“No pretendemos convertir al Poder Ejecutivo en intocable. Lo que nosotros queremos recordar a la ciudadanía es que de conformidad con el artículo 117 del texto constitucional, la señora presidenta constitucional de la República goza de una protección constitucional que no permite que por cualquier circunstancia salvo las contenidas en el texto constitucional ella pueda ser acusada”, indicó.

Esta demanda competencial fue presentada el 25 de julio contra el Ministerio Público por el procurador especializado en asuntos constitucionales a raíz de las investigaciones que se realizan a la presidenta de la República.