El ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que el Estado peruano adoptó algunas medidas normativas en materia de prevención y persecución del delito de trata de personas, así como de protección de las víctimas.

“Este año se aprobaron dos instrumentos de política pública para enfrentar la trata, que han considerado las recomendaciones de las Naciones Unidas y se ha contado con la participación de la sociedad civil”, sostuvo el titular del MINJUSDH.

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Torres Vásquez representó al Perú en la reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Evaluación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas.

La cita, realizada de manera virtual, brindó la oportunidad a los participantes de reconocer los logros, y reflexionar sobre las brechas y desafíos tanto en implementación y alcance en la lucha contra la trata de personas de manera global. 

Durante su intervención, el titular del MINJUSDH, subrayó que el Estado peruano ha adoptado políticas públicas y medidas normativas en materia de prevención, persecución y protección de las víctimas. Ello en cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos frente a la trata de personas y sus formas de explotación. 

En ese sentido, destacó la labor de su sector, que, a través de la Defensa Pública, brinda asistencia legal y patrocinio de manera gratuita a las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación. “Desde el 2018 a agosto del 2021 se ha brindado 3,806 patrocinios a presuntas víctimas de trata de personas”, anotó. 

Asimismo, apuntó que “el reconocimiento del problema de la trata de personas como un delito que vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas para su libre desarrollo y desenvolvimiento, así como su integridad física y socioemocional, es fundamental para determinar el impacto de la intervención estatal”.

En esa línea, se refirió a dos instrumentos de políticas públicas del más alto nivel, aprobadas este año y que orientarán las acciones del Estado al 2030. Se trata de la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación” y la “Política Multisectorial para Niños, Niñas y Adolescentes”, que complementa la intervención del Estado para asegurar que los servicios se brinden integralmente.

En el encuentro, que se realiza los días 22 y 23 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, se dieron cita autoridades representantes de más de 60 países, como son Colombia, México, Francia, Reino Unido, Egipto, india, Australia, China, Canadá, Grecia, Pakistán, Irán, Cuba, Ecuador, Sudáfrica, República Dominicana, Argentina, El Salvador, entre otros.