La Contraloría advirtió que se mantiene la situación de impunidad en más de 15 mil casos de inconducta funcional de funcionarios y servidores públicos, luego que el Tribunal Constitucional (TC) no esclareciera cuatro de las seis interrogantes planteadas en el pedido de aclaración de sentencia que declara inconstitucional la facultad sancionadora del ente auditor.

A través de un pronunciamiento, la Contraloría indica que no se atendió el fondo del fallo: la imposibilidad práctica de procesar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en infracción administrativa identificada en sus informes de control tanto hasta antes de la sentencia, como luego de emitida la misma.

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Asimismo, remarcaron que esta situación representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional debido a que no se sancionará a los funcionarios involucrados.

Algunos de los casos emblemáticos que se verían afectados por la decisión del TC son: Chavimochic, la Adenda al Contrato de Concesión del Aeropuerto de Chinchero, Contrataciones de la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza del Callao, Construcción de la Vía Costa Verde del Callao, Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo en Arequipa, Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena del Cusco, Contrato de Concesión del Terminal Portuario de Paita, entre otros.

En ese sentido, la Contraloría solicita al Congreso de la República convocar un pleno extraordinario para debatir y aprobar el Proyecto de Ley N° 4267-2018-CG -presentado por el ente auditor- que tipifica conductas infractoras en la función pública.