El constitucionalista Pedro Grandez dijo que es importante que llegue al Tribunal Constitucional la ley del referéndum que fue aprobada por insistencia en el Congreso el pasado viernes 21 del presente mes.

“Me parece que es importante que llegue al Tribunal Constitucional (TC). Hay quienes han dicho que hay algunos magistrados que han adelantado opinión sobre el tema. Yo creo que forma parte de un debate, que es un debate importante, un debate sobre el contenido de un derecho fundamental como es el derecho al referéndum”, señaló.

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Creo que los que se apresuran a sostener que aquí estamos ante una redundancia no reparan en un hecho que creo es importante que la opinión pública conozca. Que es que nuestra Constitución recoge dos instituciones o dos formas de organización de la participación ciudadana, prosiguió el letrado.

Sin embargo, refirió que una es la participación política a través de la representación parlamentaria y a través de los procedimientos del Parlamento en la formación también de las leyes. Lo otro, añadió, es la participación directa de la comunidad, de a la sociedad a través de una serie de instrumentos y mecanismos de participación política.

En tanto, el referéndum está regulado en la Constitución y también en la ley 26300, tanto como derecho fundamental y también como procedimiento que concreta estos derechos de participación directa o de democracia directa. “Tenemos un sistema político que ha constitucionalizado las dos formas de democracia. La representativa y la democracia directa”, arguyó.

“Lamentablemente la 26300 nos estafó con el referéndum. O sea, el referéndum ha sido siempre un derecho fundamental declarado así en el artículo 2.17 de la Constitución, el artículo 31 como derecho fundamental; en el 31 como derecho político, pero en el 2.17 como un auténtico derecho fundamental de autonomía moral de las personas porque lo que intenta el Parlamento es anular el núcleo esencial, el contenido mínimo del derecho al referéndum”, anotó.

Asimismo, también detalló que el referéndum no sólo es un procedimiento que concreta el derecho de participación. Es en sí mismo un derecho fundamental, recordó. “El fujimorismo quiso reducir y obstaculizar por completo. Lo puso como todo populismo autoritario”, dijo.

“Lo presentó en la Constitución como un derecho, pero a la hora de desarrollar la 26,300, lamentablemente, los mecanismos o las trabas que tiene son tan altas. Que, por ejemplo, se requiere 2.5 millones de firmas para encaminar”, manifestó.