Pedro Castillo: ratifican prisión preventiva contra expresidente por delito de rebelión
Corte Suprema ratifica prisión preventiva para Pedro Castillo por el golpe de Estado de 2022. Foto: Andina.
El Poder Judicial (PJ) ratificó la medida de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión, en el marco de su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema responde a la apelación interpuesta por Castillo Terrones contra el fallo que rechazó revisar de oficio la medida cautelar en su contra.
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“Se declaró infundado el recurso de apelación de Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia del 17 de octubre de 2024, que rechazó la revisión del mandato de prisión preventiva en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación del orden público”, dice el veredicto de segunda instancia.
ARGUMENTOS PARA RATIFICACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA
En su resolución, el magistrado supremo César San Martín argumentó que "el riesgo de que Castillo evada la justicia sigue latente, considerando además la alta pena solicitada en su contra y la procedencia del juicio oral dictada por el juez de la investigación".
Asimismo, el colegiado señaló que no han surgido nuevos elementos de prueba que alteren la situación jurídica de Castillo Terrones. En ese sentido, precisó que, en la revisión de oficio, no corresponde revocar la prisión preventiva; dado que el recurso de apelación presentado por la defensa “carece de fundamentos para prosperar".
ANTECEDENTES: PEDRO CASTILLO LIDERÓ AUTOGOLPE DE ESTADO EN 2022
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció en mensaje a la nación la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La disposición ocurrió cuando el Parlamento lo esperaba para debatir una moción de vacancia presentada en su contra.
Tras el anuncio, el entonces mandatario se dirigió con su familia a la Embajada de México en Lima, donde fue detenido por su propia escolta policial y puesto a disposición de la justicia por el delito de rebelión.
Por este caso, la Fiscalía pidió que el expresidente reciba una condena de 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
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