Pedro Castillo: Comisión Permanente otorga 15 días para investigar dos denuncias en su contra
Comisión Permanente otorga 15 días para investigar dos denuncias contra Pedro Castillo. Foto: Andina.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar el informe de dos denuncias constitucionales contra el expresidente Pedro Castillo.
Se trata de la Denuncia Constitucional 302, interpuesta por el congresista Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), contra el exmandatario, por la causal de infracción de los incisos 2 y 16 del artículo 2, artículo 70 y los incisos 1 y 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
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La medida también alcanza al exministro de Educación, Rosendo Serna Román, por la causal de infracción de los incisos 2 y 16 del artículo 2, artículo 70 de la Constitución Política del Perú.
A ambos se les imputa infringir la Constitución al suscribir y emitir el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, publicado el 8 de julio de 2022, que modificó la composición del directorio de la Derrama Magisterial.
De acuerdo a la denuncia, se argumenta que el Ministerio de Educación no tenía competencia para realizar tales modificaciones, pues solo podía aprobar reformas sugeridas por la propia entidad y no imponerlas.
SEGUNDA DENUNCIA CONSTITUCIONAL
En tanto, la Denuncia Constitucional 304, interpuesta por el congresista Edward Málaga (no agrupado), contra Castillo Terrones, por la presunta infracción a los artículos 38, 39, 43, 110 y 118, incisos 1 y 4, de la Constitución Política del Perú.
La denuncia señala que el 23 de junio de 2022, el expresidente habría hecho uso de una aeronave militar operada por la FAP para trasladarse de Lima a Chiclayo, acompañado de sus familiares directos.
“Estos hechos evidenciarían el presunto uso indebido de recursos públicos, particularmente una aeronave militar, para fines personales en abierta contravención a los principios de legalidad, probidad y servicio a la nación, principios que rigen el ejercicio de la función pública”, señala el informe.
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