La Defensoría del Pueblo ha pedido que se derogue la norma que respalda la confidencialidad de los modelos económicos usados para la firma de contratos en los peajes de Lima, sostuvo el titular de esta entidad, Walter Gutiérrez.

El funcionario explica que los ciudadanos en la capital tienen derecho a conocer los detalles de los polémicos acuerdos, que en la actualidad, han derivado en dos millonarios arbitrajes, con Rutas de Lima y Línea Amarilla.

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“La Defensoría presentó una iniciativa legislativa para poder develar todo esto porque los modelos económicos financieros son los que justifican, desde el punto de vista económico, ese tipo de concesiones y por qué son 30 y no 40, o 20 y no 30, y por qué van a subir en determinado monto los peajes, cuáles son las prestaciones y las contraprestaciones”, afirmó en Cara a Cara.

En tal sentido, remarcó que dicha situación es insostenible y que el Gobierno y el Congreso deberían de derogar esa norma en el marco de su compromiso de lucha contra la corrupción. “Yo puedo entender que en el proceso de concesión, de la etapa de la postulación, usted no conozca mis fórmulas, pero después por qué tendría que ser esto un secreto con 7 candados. No tiene ningún sentido”, acotó.

Estimó que independientemente del titular actual de cada concesión, existe una estrategia de los anteriores titulares que responde a los tiempos en los que han ido soltando información y los cálculos económicos que hicieron respecto a cómo va a recuperar su inversión, no solo vendiendo el permiso sino a través de los arbitrajes.

“En estos contratos uno no tiene solo que ocuparse de los intereses de la Municipalidad y los de la empresa; todo eso aterriza en los ciudadanos”, añadió.

Dijo, además que se encuentran estudiando el tema para pronunciarse con la prontitud y firmeza que requiere el caso; pero que en consideración a que las concesiones han pasado a otras empresas se tiene que ser muy responsable y prudente al referirse al particular ya que esto se va a discutir en arbitrajes.

“Puede ser muy popular salir a decir “a” o “b” respecto del contrato pero dos o tres años después usted va a tener que pagar eso en un arbitraje”, indicó.

De otro lado, Walter Gutiérrez anunció que la Defensoría ha presentado la primera serie de los denominados mapas de la corrupción. Se trata de una mirada amplia a los casos que involucran a funcionarios en este tipo de delito.

Detalló que desde hace tres años, la Defensoría ha detectado un incremento de 1348 casos de corrupción de funcionarios solo en Lima; aunque, -señaló- la región Áncash supera ampliamente esta cifra, que casi se ha duplicado para el 2018.

El delito más común de corrupción en el país es el peculado. Es decir, apropiarse o utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando un cargo público con 40 mil 759 casos reportados el año pasado. Le sigue de cerca la colusión, en el que la capital y Áncash figuran nuevamente como las principales regiones donde más se cometieron estos perjuicios.