La directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, rechazó tajantemente la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Corporación Varum SAC para el servicio de seguridad y vigilancia de los 11 locales de esta institución.

Aseguró que jamás fue consultada o requerida por el medio periodístico denunciante para absolver el tema, siendo ella la jefa y responsable del área administrativa de la PCM. Consideró que por coyuntura política han querido involucrar a la ministra, máxima autoridad de la institución. En tal sentido, anunció que se tomarán las acciones legales correspondientes.

En esa línea, calificó de “tendenciosa, malintencionada y falsa” la información periodística que señala que se trató de beneficiar ilegalmente a la citada compañía mediante un proceso de exoneración de concurso público.

Precisó que esta medida temporal, excepcional y extraordinaria se tomó debido al “desabastecimiento inminente” al que fueron expuestos los 11 locales de la PCM luego de que se rescindiera el contrato con la empresa Protección y Resguardo SA (Protssa), que brindaba seguridad a la institución desde enero del año pasado.

Indicó que la resolución de dicho contrato se debió a dos robos producidos en octubre y noviembre del 2014 en un almacén de la PCM ubicado en el Rímac, así como a la decisión de la mencionada corporación de contratar personal que no poseía armas de fuego para el resguardo de las sedes de la institución.

“Cuando se produce el primer robo solicitamos a la empresa dar sus descargos y reponer los bienes conforme lo señalaba el contrato. La empresa repuso parte de los bienes y nos comunicó que esperaría las investigaciones", refirió.

"En la quincena de noviembre sucedió un segundo robo en el mismo almacén. Yo contrato un servicio de vigilancia y seguridad para tener este servicio en todos los ambientes; al desaparecer la naturaleza del bien, obviamente desaparece la naturaleza de seguir contratando con esta empresa porque no me brinda el servicio”, añadió.

Afirmó que a raíz de estos incidentes se pidió a la compañía que presentara sus descargos. “Paralelamente le aplicamos penalidades, porque nosotros contratamos servicios con arma, y ninguno de los agentes de los 40 puntos de vigilancia que tenemos contaba con una”, indicó.

“El 23 de diciembre se resolvió el contrato con la empresa y, al día siguiente, ellos nos pidieron cambiar la decisión porque si no se retirarían de los locales de la PCM”, manifestó.

Se invitó a siete postores

La funcionaria señaló que para contratar a una nueva compañía de seguridad se invitó a siete postores, de los cuales dos mostraron interés. “Ambos cumplían los requisitos y escogimos al de menor precio, que es Varum SAC”, explicó.

“Hicimos este proceso de exoneración con informe técnico y legal y cumpliendo la norma que exige un solo postor. Solo los contratamos por seis meses o hasta que se cumpla con sacar el proceso y adjudicar el servicio a un nuevo postor”, añadió.

Barrios Alvarado aseguró que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la empresa ganadora en 15 minutos, porque la ley así lo fija.

“Se hace de esa manera porque es un proveedor invitado y la norma establece que solo tiene que presentar cinco requisitos entre los que figuran declaraciones juradas de cumplimiento de los términos de referencia, su cotización, la proforma del contrato y su carta de garantías”, puntualizó.