El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se pronunció sobre la reposición de la procuradora, María Caruajulca Quispe, quien no pudo ingresar esta mañana la sede de la Procuraduría General del Estado, en San Isidro, tras ser respuesta en el cargo por decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima.

A través de un documento, El Ministerio de Justicia comunica a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima que la ejecutabilidad de dicha decisión cautelar ha generado una controversia jurídica, que afecta la institucionalidad del referido cargo Público. En atención a que este se encuentra ocupado por Javier Alonso Pacheco Palacios. 

[Lee también: Javier Arévalo descartó que vaya a postular al cargo de presidente del JNE]

El documento precisa que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual-distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar- coadyuvaría con su ejecutabilidad. 

El comunicado señala que el estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos competentes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en el ejercicio regular de sus funciones y competencias.

MARÍA CARUAJULCA QUISPE RESPONDE COMUNICADO DE MINJUSDH

María Caruajulca Quispe no pudo ingresar la mañana de este martes a la sede de la Procuraduría General del Estado, en San Isidro, donde debía asumir el cargo tras ser repuesta, tal como ordena la Primera Sala Constitucional de la Corte. Superior de Lima.

Tras ser impedida de ingresar, La abogada María Caruajulca Quispe se dirigió a la Comisaria de San Isidro, donde se registró el hecho como una ocurrencia policial. "Que será puesta en conocimientos del Poder Judicial para que tome las siguientes acciones", agregó la profesional.

Caruajulca Quispe afirma que no cabe ninguna argumentación para no cumplir un mandato judicial con más razón si proviene de un órgano constitucional. La abogada señaló que con esta decisión el Gobierno estaría aparentemente generando una desobediencia y un abuso a la autoridad.

"El Poder Judicial evaluará los hechos expuestos con los documentos y tomará las decisiones.Como PoderJudicial tiene que hacer respetar sus mandatos judiciales. sino no estaríamos en un estado democrático de derecho”, agregó.

La abogada Señaló que los mandatos judiciales se cumplen bajo responsabilidad administrativa y penal con más razón los mandatos constitucionales, cuyo incumplimiento podría llevar a los servidores públicos involucrados a ser destituidos e incluso a una detención provisional.