La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para archivar el proceso y el juicio oral en su contra por el ‘caso Cócteles’. 

Con ello, Fujimori buscaría la nulidad de tres resoluciones emitidas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Entre ellas, el auto de enjuiciamiento y decisiones que rechazaron la solicitud de archivo de los cargos por lavado de activos, organización criminal, entre otros.

[Lee también: Keiko Fujimori sobre caso Cócteles: hay persecución y circo por parte del fiscal]

Como se sabe, la Fiscalía solicita 30 años y 10 meses de prisión contra la dirigente política por presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2011 y 2016.

ALEGATOS DE LOZA

En sus alegatos al TC, Giuliana Loza, abogada de la lideresa de FP, sostuvo que la acusación fiscal no estaba tipificada en el Código Penal al momento de su ocurrencia.

"La modalidad de lavado de activos en receptación, que está acusando, no estaba vigente al momento de los hechos. Mucho menos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos y, a saber, la Constitución prohíbe sancionar a un ciudadano por aquello que no estaba regulado ni sancionado", manifestó.

También, Loza enfatizó en la falta de una resolución judicial para su defendida, que afronta el proceso desde el 2017. "La justicia no es política, ni la política es justicia. Aunque la Sra. Keiko Fujimori es una figura política, este caso no trata sobre la política, este caso trata sobre un caso penal. Y aquí no hay un caso penal", sostuvo.

CAMINO HASTA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Antes de que el habeas corpus llegara al Tribunal Constitucional, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima lo declaró infundado debido a que los actuados con relación a las imputaciones solo podían ser revisados por un juez en sede penal.

En segunda instancia, la Tercera Sala Constitucional de Lima desestimó el recurso, señalando también que no puede usurpar competencias penales ordinarias. Con todo ello, la defensa de Fujimori terminó elevando el caso al máximo órgano.