El proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia no se habría visto frustrado si tanto el Congreso como la Comisión Especial hubieran tomado en cuenta las medidas que planteó el Ejecutivo en su momento, sostuvo el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda.

Indicó que en primer lugar se propuso tener bien en claro el perfil de los integrantes de la JNJ, cuya función -acotó- es distinta a la de un magistrado. “Lo que va a hacer esa persona es evaluar si alguien sale o entra a la carrera”, precisó en TVPerú Noticias.

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En segundo lugar, señaló que se requiere un tipo de prueba de conocimientos que demuestre el razonamiento de la persona al momento de tomar decisiones, sea ante dilemas éticos o sea ante problemas jurídicos.

“La única forma de poder determinar esa capacidad para poder razonar ante problemas éticos o jurídicos es que la persona pueda explicarlos en público y desarrollar ensayos, sean escritos y que también los puedan explicar”, dijo.

En ese sentido, cuestionó la prueba para marcar sobre los conocimientos del postulante por no ajustarse al perfil requerido. Ante ello -indicó- que el Ejecutivo propuso que sea Servir o un órgano especializado del sector privado en convenio con la Comisión Especial que se encargue de fortalecer a la secretaría técnica para que no se presenten este tipo de problemas.

“Vamos a lograr que en estos 180 días que el Congreso ha dado de plazo, hasta fin de año para elegir a estas personas que van a integrar la Junta siempre y cuando hagamos cambios en el perfil, por si no tenemos claro a quién voy a elegir cómo diseño la prueba; segundo, en el contenido de la prueba y para hacer ambas cosas necesito a alguien que es experto en selección Servir o quien se considere pero que tenga experticia, que asesore y fortalezca la secretaría técnica de la Comisión Especial”, remarcó.

De otro lado, destacó la instalación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, comité de alto nivel encargado de articular entre los integrantes sistema de justicia para llegar a consensos específicos sobre problemas históricos como la dilación, corrupción y fallos contradictorios o arbitrarios.