El Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento sobre el debate y votación  en el Congreso de la República del Predictamen de la “Ley de Reforma Constitucional del artículo 99° de la Constitución Política del Perú para incorporar a los titulares del Sistema Electoral en el procedimiento de acusación constitucional.

El organismo electoral precisa que ha remitido de manera oportuna a la Comisión de Constitución y Reglamento su opinión sobre la inviabilidad de los citados proyectos de ley. 

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“Resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones”, precisa el pronunciamiento.

Además, el organismo electoral explica que su posición para no incluirlos dentro de las autoridades pasibles de juicio político, no implica en modo alguno que se promueva la impunidad o ausencia de control sobre su actuación, puesto que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional y a través de otros mecanismos.  

En otro momento, señala que el JNE es un órgano eminentemente jurisdiccional, por lo que es necesario garantizar su independencia e imparcialidad, su afectación no solo repercute en la justicia electoral sino en el ejercicio efectivo de la democracia representativa.

“Cualquier intento de cooptar a los órganos electorales por parte de los poderes públicos, afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática, lo que resulta inconvencional en tanto puede traer un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general”, precisa.

El documento advierte que se corre el riesgo de otorgarle al Parlamento el poder de sancionar a los organismos electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica, lo que resulta contrario a la convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH.

El JNE invoca a los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento y al Congreso tomar en cuenta los argumentos y los documentos citados en el debate, estudio y reflexión sobre estas iniciativas. 

Finalmente, precisa que el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión del grupo de trabajo.