El Gobierno peruano presenta una demanda competencial contra el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional (TC) por un presunto menoscabo de las competencias y funciones de la presidenta Dina Boluarte.

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Mediante una Resolución Ministerial publicada en el diario El Peruano, se dispone que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Según el artículo 108 de la Ley N.°31307 del Nuevo Código Procesal Constitucional, establece que el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas por la Constitución o las leyes orgánicas.

Ante ello, el abogado penalista, Andy Carrión, explicó que el Ejecutivo está planeando con el nombramiento de un procurador y luego, con los recursos que va a interponer ante el TC, aclarar cuáles son las competencias del Ministerio Público y del PJ de cara a las investigaciones que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte. “Debemos recordar que, desde el gobierno de Pedro Castillo se había aclarado —que con la interpretación de la Fiscalía y el PJ— se podía investigar preliminarmente a un presidente en el ejercicio de sus funciones”, agregó.

Sobre el término “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones”, Carrión, se refirió que para este caso implica que el país tiene una presidenta que la mayoría de su tiempo se encuentra defendiendo ante el PJ y el Ministerio Público. “A mi perspectiva es positivo, porque la presidenta ha desplegado las conductas que amerita la investigación”, manifestó.

Asimismo, señaló que según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, prohíbe formular una acusación al presidente de la república en el ejercicio de sus funciones. “Lo que se debe aclarar es el alcance del término dicho, ya que acusación abarca también a una investigación preliminar siendo un punto importante que tendrán que explicar ante el Tribunal Constitucional”, resaltó.

Finalmente, detalló que dicha demanda del gobierno está ajustada a ley, ya que recurre a una institución como es el Tribunal Constitucional. Se espera la decisión que tomen y ver el orden del tipo de las discusiones jurídicas.

Vale indicar que, en la resolución se detalla que, el viernes 17 de mayo, tras sesión de consejo de ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado hacer la demanda. En ese sentido, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.