Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Portero por presunto delito de concusión
Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a la congresista Hilda Portero por presunto delito de concusión. Foto: Andina.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento de la República contra la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, como presunta autora del delito de concusión, en agravio del Estado.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público (MP) aclaró que la acusación contra Portero López está vinculada a una presunta práctica ilícita, denunciada en un dominical periodístico.
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Según el MP, se le imputa haber abusado de su cargo para exigir a trabajadores de su despacho y de la comisión multipartidaria Programa Hambre Cero -siendo un total de 8 colaboradores- a entregar diversas sumas de dinero por intermedio de su asesora Liliana Bances Farro.
En detalle, Hilda Portero habría donado hasta 200 sillas de ruedas mediante un programa denominado Ruta de la Solidaridad, tras haber requerido contribuciones económicas a trabajadores del Palacio Legislativo.
Denuncia constitucional contra congresista Hilda Portero. Foto: Ministerio Público.
FISCALÍA EXHORTA AL CONGRESO ATENDER DENUNCIAS CONSTITUCIONALES
Del mismo modo, la Fiscalía exhortó al Congreso de la República a fin de que se establezcan o delimiten, en el Reglamento del Parlamento, un plazo en el procedimiento del trámite de las denuncias constitucionales.
“Con este documento suman 21 las denuncias constitucionales puestas en conocimiento del Congreso de la República y que se encuentran pendientes de respuesta, muchas de ellas presentadas a inicio de 2024”, subrayó el MP.
OTRO MIEMBRO DE BANCADA DE ACCIÓN POPULAR RECIBE DENUNCIA CONSTITUCIONAL
La Fiscalía de la Nación presentó este miércoles una denuncia constitucional contra Raúl Doroteo, congresista de Acción Popular, por presunto delito de colusión en agravio del Estado.
Según el Ministerio Público, la acusación está relacionada con prácticas ilícitas ocurridas entre 2023 y 2024 en Palacio de Gobierno. Se le imputa haber abusado de su cargo para exigir a María Fernanda Morales Gutiérrez, trabajadora de su despacho congresal, la entrega indebida del 50 % de sus ingresos.
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