La Sala Penal Especial de la Corte Suprema escuchó a la defensa de Luciana León, actual integrante de la Comisión Permanente, en contra de la orden de allanamiento en su domicilio en el caso Los Intocables Ediles y dejó al voto la apelación.

El presidente de la sala, Jorge Luis Salas Arenas, al finalizar la audiencia, indicó que la decisión será comunicada dentro del plazo de ley.

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La defensa legal de la excongresista aprista, requiere que se dejen sin efecto las medidas limitativas dictadas contra su defendida, se invalide el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se le entreguen de vuelta los bienes y documentos incautados en su vivienda.

Precisaron que la Ley 27399, que establece criterios especiales para los altos funcionarios, se encuentra vigente y señala que pueden ser objeto de medidas limitativas previas a una acusación constitucional en el Congreso.

Contraposición de la fiscalía

Desde la otra parte, Jacqueline Elizabeth del Pozo, fiscal suprema, solicitó a la sala confirmar la resolución que ordena el allanamiento en la vivienda de Luciana León y las medidas restrictivas en su contra.

La hija de Rómulo León, sostuvo la fiscal, es investigada por presuntas acciones ilícitas en el ejercicio de su función para favorecer a la organización los Intocables Ediles, motivo por el cual se empezó una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

Dentro de sus argumentos, sostuvo que hay hasta cinco declaraciones de colaboradores eficaces sindicando a Luciana León, testimonios que fueron corroborados con interceptaciones telefónicas a la misma implicada como a su asesora Betsy Matos Francos y a otros investigados.

Argumentó que los delitos por los cuales es investigada Luciana León, están comprendidos en una norma que adelanta la vigencia del Código Penal, por lo que las medidas restrictivas de derecho en la búsqueda de pruebas se encuentran vigentes.