El Congreso de la Republica oficializó la Ley 31880 que  delega facultades al Poder Ejecutivo   para legislar  en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres - Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.

Según el dispositivo, publicado este sábado en el diario oficial El Peruano, durante 90 días calendario el Poder Ejecutivo  adoptará medidas para  enfrentar la lucha contra la delincuencia, crimen organizado, corrupción, control migratorio. Además de brindar atención y enfrentar la emergencia que genere la llegada del fenómeno El Niño, entre otros.

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En este marco, el Poder Ejecutivo dictará  normas para reforzar la seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, infraestructura social y fortalecer la gestión pública.

SEGURIDAD CIUDADANA

 La norma precisa que sobre esta materia se actualizará la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y el Decreto Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; así como la normativa y medidas en materia de seguridad ciudadana. Está pondrá  un especial énfasis en la capacitación, entrenamiento y medidas destinadas a resguardar el adecuado uso de los medios de defensa por parte del Serenazgo Municipal, bajo un enfoque de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Además, se fortalecerá las medidas de atención frente a casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Se agilizará el proceso de atención, difusión y búsqueda frente a casos de desaparición de personas, en situación de vulnerabilidad. 

 La norma autoriza el uso de recursos de canon y sobrecanon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sin afectar la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Establece modificaciones al marco normativo referido a la prevención, combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, recuperación de bienes perdidos y delitos conexos.

También se tiene previsto modificar el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.

Se modificará el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, salvaguardando las atribuciones que la Constitución otorga a cada institución, entre otras medidas.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

 Se fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) mediante la modificación de la Ley 29664, mediante medidas orientadas a la inclusión de principios y precisiones para la eficiencia de los planes de gestión, así como para la gestión institucional de los actores y procesos del sistema, del procedimiento y certificación de competencias técnicas de los profesionales.

Además, se establecen medidas para agilizar las contrataciones públicas mediante la modificación de la Ley 31589, norma que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, también se faculta a las entidades convocar el procedimiento especial de selección hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Dentro de las facultades se fortalecerá el seguro agrario. En esta línea se establece que los créditos del sector Agrario otorgados con recursos públicos o con respaldo financiero a través de recursos públicos cuenten con un seguro agrario cofinanciado por el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (Fogasa). 

Las facultades contenidas en este literal son otorgadas de manera excepcional en el marco de la adopción de medidas prioritarias y urgentes para la mitigación del fenómeno de El Niño en progreso. 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

En materia de infraestructura social y calidad de proyectos, se establecen medidas para promover la innovación tecnológica y la reducción de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, modificar el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, para fortalecer las competencias y funciones de las entidades del sector.

Con la finalidad de cerrar las brechas en cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se modificará la Ley 31015. Dicha modificación permitirá en forma excepcional al Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), ejecutar proyectos de inversión en los servicios de saneamiento, mediante la modalidad de núcleos ejecutores hasta el 31 de diciembre de 2026, por un monto máximo de 4 millones 500,000 soles. empleando opciones tecnológicas consideradas en la normativa técnica sectorial.

Entre otras medidas, además se creará una entidad que brinde asistencia técnica para la calidad de proyectos de inversión de gobiernos regionales y gobiernos locales. 

FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN PÚBLICA

En materia de fortalecimiento de la gestión pública para un mejor servicio, se modificará el marco normativo para garantizar el derecho de los servidores a contar con igualdad remunerativa y de beneficios sociales a través del ingreso al régimen del servicio civil.  

Con este fin se establecerán reglas para el traslado de las entidades públicas señaladas en los literales a) y g) del artículo 1 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, al régimen del servicio civil regulado en dicha norma, de manera ordenada y oportuna.