La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este lunes 26 de febrero el informe que recomienda acusar por infracción constitucional, destituir e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La denuncia fue aprobada en esta segunda instancia legislativa y ahora le tocará al pleno de la representación nacional tomar la decisión final. Hay que señalar que  la votación contra los miembros del Junta Nacional de Justicia se realizó  individualmente.

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El informe contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio De la Haza fue aprobado con 20 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones. Con igual suerte corrió el vicepresidente del JNJ, Aldo Vásquez, quien obtuvo 18 votos a favor, siete en contra y una abstención.

La acusación contra Imelda Tumialán, fue aprobada por 21 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones mientras que la magistrada María Zavala Valladares, alcanzó los  19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

Los informes contra los magistrados Guillermo Thornberry y Luz Inés Tello  recibieron 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

Hay que señalar que el renunciante integrante de la JNJ, Henry Ávila, alcanzó 18 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. 

PRESIDENTA DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES FUNDAMENTÓ EL INFORME FINAL

Al inicio de la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Leydi Camones (APP), fundamentó el informe final aprobado en ese grupo de trabajo el último 16 de febrero de 2024.

Según la denuncia, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry, habrían infringido los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú.

A ellos se les acusa por la probable comisión de los delitos de usurpación de la función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en el Código Penal.

Según la congresista Camones, la magistrada Inés Tello habría cometido infracción constitucional contra el reglamento que regula los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia.

A ella se le investiga por la comisión de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

LA DEFENSA DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 

Samuel Abad, abogado de cinco integrantes de la JNJ, inició su presentación afirmando que van a desarrollar las razones que justifican que la denuncia contra sus defendidos sea archivada.

Abad señaló que, de acuerdo con el marco legal y constitucional, el Congreso no puede destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo.

“Esto es como destituir a toda la Corte Suprema, a todo el Tribunal Constitucional, a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Es una decisión sumamente grave porque es destituir a todos los integrantes y, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, reconocer que no podría constituirse nuevamente, porque de los suplentes hay tres personas que superan el límite de los 75 años”, agregó.

Explicó que esto traería como consecuencia que la Junta Nacional de Justicia no pueda operar. “Los argumentos en esencia de esta denuncia eran el tema del límite de la edad: se decía que la Constitución establece que el límite de 75 años es para la permanencia y la JNJ siempre ha sostenido que es para el acceso".