La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen que propone incorporar los delitos de terrorismo urbano en el Código Penal.

Esta norma plantea una pena privativa de libertad no menor a 23 ni mayor a 30 años a la persona que cometa los delitos de homicidio calificado, sicariato, lesiones graves, trata de personas, entre otros, "generando estado de zozobra en la población con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico".

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También propone una pena no menor de 30 años si el implicado usa "armamentos, materias o artefactos explosivos". Asimismo, si es que usa armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.

“Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular”, señala la iniciativa.

La sanción también se dará en caso el delito sea realizado por dos o más personas, además si es que el hecho recae sobre torres de energía o transmisión, o afecte cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.

Cabe precisar que el dictamen será puesto a debate en el siguiente Pleno del Legislativo, que se realizará este sábado 15 de junio.