La Comisión Permanente debatirá y pondrá al voto el próximo miércoles 11, a las 11:00 horas, el Informe Final emitido por la Subcomisión a su cargo, de la Denuncia Constitucional N.° 307 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por ser presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), quien indicó que la denuncia también comprende a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente.

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Antes, en el Pleno del Congreso, a realizarse el martes 10, a las 10:00 horas, se debatirá y pondrá en votación el Informe Final de las Denuncias Constitucionales N.° 284 y 286 en contra del congresista Freddy Díaz Monago, el mismo que recomienda su inhabilitación por 10 años de la función pública por infracción constitucional de los artículos 39, 1 y 2 (numeral 1 y 24, literal h) de la Constitución Política del Perú.

Camones Soriano indicó que aún no se cuenta con la fecha programada por la Comisión Permanente para que se vea las denuncias 209 y 231 acumuladas, en contra de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. Fue en respuesta a una pregunta del congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), quien es acusador del caso ante el Pleno.

De otro lado, en la quinta sesión ordinaria, se aprobó en forma unánime las recomendaciones de los informes finales de seis denuncias constitucionales que recomiendan su improcedencia por no cumplir los requisitos exigidos, entre ellos que los denunciantes no sean los directamente afectados.

En ese sentido, fueron archivadas las denuncias formuladas por ciudadanos en contra del contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, por los presuntos delitos del ejercicio Ilegal de la profesión, nombramiento o aceptación ilegal y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 363, 381 y 428 del Código Penal, respectivamente.

También en contra de Henry José Ávila Herrera en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.

Asimismo, las denuncias en contra de exmagistrados del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narvaez, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Nuñez, Francisco Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por presunta comisión del delito de prevaricato; contra varios magistrados, entre ellos el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por la posible comisión de los delitos de omisión de funciones, corrupción y abuso del poder.

De igual manera, contra el juez John Javier Paredes Salas y miembros de la Junta Nacional de Justicia, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros.

Finalmente, corrió igual suerte la denuncia contra los exmagistrados del TC, Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón Taboada, Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa y de Francisco Morales Saravia en su condición de presidente del Tribunal Constitucional, por la presunta comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.