La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación del dictamen de la ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos que se perpetraron antes de julio del 2002. La medida obtuvo 15 votos a favor 12 en contra y ninguna abstención. 

Hay que señalar que el último martes la Corte IDH requirió al Estado peruano que no sé dé trámite a esta iniciativa a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (FP), quien afirmó que este proyecto constituye un esfuerzo para precisar La vigencia para el Perú del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de conformidad con nuestras normas internas y en estricto respeto de las normas del derecho internacional.

La legisladora ha señalado que esta norma no es una amnistía, “como maliciosamente se ha insinuado”, y tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos.

Moyano afirmó que el único efecto es aclarar que las normas penales, no se aplican retroactivamente. Explicó que una aplicación retroactiva lesiona el debido proceso y el derecho de defensa de los procesados. 

A su turno, la congresista Isabel Cortez (CD-JPP) dijo que el dictamen tiene “un nombre y apellido”, por lo que no debería ser aprobado. A su juicio, dicha iniciativa no beneficia a los trabajadores, el cual debe ser una prioridad del Congreso.

Posteriormente, la Comisión Permanente rechazó una reconsideración a la votación presentada por los congresistas Isabel Cortez (CD-JPP) y Bernardo Quito (No A). Votaron a favor 11 legisladores, 15 en contra y 0 abstenciones.

¿QUÉ DICE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE IDH?

El martes 2 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano dejar sin efecto y no aprobar el proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

Indicó que esta medida debe cumplirse a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

"Requerir al Estado del Perú que [...] tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las Sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares", se lee en la resolución.