La Comisión de Economía del Congreso de la República, presidida por Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad el dictamen que busca autorizar las devoluciones parciales del dinero que se le adeuda a los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), con cargo a una posterior cancelación.

El Proyecto de Ley 4702/2022-CR, que propone modificar la Ley 29625, también permite reconocer el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fonavi a sus herederos en caso de fallecimiento.

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La iniciativa, cuya autoría corresponde a las congresistas Rosangella Barbarán y Noelia Herrera (Renovación Popular) establece que la Comisión Ad hoc reconoce el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fonavi a sus herederos en caso de fallecimiento, teniendo en consideración las normas de la materia en temas de sucesiones.

Asimismo, plantea la atención prioritaria a las personas mayores de sesenta y cinco años, a los registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a los que tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean los titulares o sucesores.

OTROS DICTÁMENES APROBADOS

La comisión también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3646/2022-CR, que propone la composición y requisitos para integrar los directorios de las empresas del Estado, empresas regionales, empresas municipales, empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

Ello con el fin de garantizar la transparencia en el acceso, la idoneidad en el ejercicio de su función y fortalecer la lucha contra la corrupción. Así, el dictamen fija los requisitos mínimos y trayectoria profesional para ser elegido director de una empresa pública; los impedimentos para ocupar dicho cargo; el período de mandato; la clasificación de categorías y los montos máximos de dietas de los miembros de directorio de estas dependencias del Estado.

El tercer dictamen aprobado es el recaído en el Proyecto de Ley 1921/2021-CR, que modifica la Ley 27613, Ley de la participación en renta de aduanas, a fin de destinar al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la Participación en Renta de Aduanas (PRA).

Lo que se busca es que estos recursos se destinen a la creación de un Fondo Educativo con la finalidad de sufragar los costos de los programas destinados a la Provincia Constitucional del Callao, a elevar la calidad académica y pedagógica de los profesores del sector público, de centros educativos y de la Universidad Nacional del Callao, a través de reentrenamiento y actualización permanente de los alumnos de dichas instituciones educativas.

Igualmente, se podrá destinar hasta el 20 % del Fondo Educativo para obras de infraestructura y para equipamiento de escuelas públicas y la Universidad Nacional del Callao, con énfasis en desarrollo informático e internet, así como la investigación científica y tecnológica.