La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el martes el dictamen de un proyecto presentado por Fuerza Popular y Renovación Popular. La iniciativa propone que si un crimen de guerra o de lesa humanidad, ocurrió antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú en el 2003, este no podrá considerarse como tal, pues dichos instrumentos internacionales no estaban vigentes.

El dictamen busca “la prescripción de los procesos que han sido ejecutados bajo el supuesto de delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra en los casos que ya se han cumplido con el tiempo máximo establecido por la ley penal vigente". 

 [Lee también: Ministro de Trabajo en contra de las constantes interpelaciones: “Genera inestabilidad”]

El proyecto del grupo de trabajo encabezado por, Marta Moyano (FP) recibió 14 votos a favor 8 en contra y solo una abstención.

La propuesta fue respaldada por las bancadas de Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú y Unidad y Diálogo.

Contraria es la posición de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático y Perú Bicentenario, que votaron en contra y consideran que afecta el acceso a la justicia a las víctimas.

  CONOZCA QUIÉN SE BENEFICIARÍA CON EL PROYECTO

El polémico proyecto ha generado diversas reacciones en el Congreso de la República.

Para la congresista Margot Palacios(PL) la ley amnistía, presentada por la bancada fujimorista tendría nombre propio y hay evidencia que se cometieron crímenes de lesa humanidad y esto no puede quedar en el olvido.

“Tiene nombre propio, es Alberto Fujimori, nosotros rechazamos contundentemente ese tipo de iniciativas legislativas para que gente que haya cometido delitos de estado contra el pueblo, delitos de lesa humanidad hoy se vean librados de esos delitos que han cometido”, precisó.

El congresista Fernando Rospigliosi (FP) defendió la ley amnistía y señaló que el proyecto busca reparar injusticia cometida contra los militares y policías que derrotaron al terrorismo.

“Este proyecto busca reparar una injusticia monumental. Muchos militares y policías que derrotaron al terrorismo han venido siendo procesados, juzgados y sentenciados de manera ilegal e inconstitucional aplicándosele normas que no estaban vigentes en el momento en que se cometieron los supuestos delitos”, precisó.

En la propuesta normativa se señala que al menos 810 oficiales, suboficiales, técnicos de la Fuerzas Armadas estarían inmersos en investigaciones, con orden de captura y sentenciados. Ellos podrían acogerse a esta norma si es aprobada por el pleno de la representacion nacional.