El economista e investigador de Cooperación del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, César Flores, sostuvo que el pasado junio se registraron 80 conflictos vinculados al sector minero que representan el 40 % del total de conflictos sociales que hay en el país.

“Es un tema importante porque no ha variado en los últimos años. De alguna manera refleja que no hubo mejoras en las diversas políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos”, remarcó.

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Es en ese sentido que la Defensoría del Pueblo tiene un reporte mensual de conflictos sociales que lo emite desde el 2004 y desde esa fecha empezó a notarse la numerosa cantidad de conflictos relacionados a la minería.

El especialista detalló que la raíz de la conflictividad no tiene un solo factor que explica los conflictos. Estos son muy complejos y la realidad en Perú es muy diversa. Se trata de 80 casos a lo largo del territorio y da pie para imaginar los diversos contextos en los cuales se desarrolla la actividad minera.

Flores fue explícito respecto a dos pilares. Un primer pilar tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones en el Estado y de las reglas de juego porque se trata no sólo de generar certezas hacia la inversión, sino en un mismo nivel tratar de generar esas mismas certezas para la población. Y por otro lado está todo el tema del impacto local en términos de desarrollo.

En el primer punto, en el término de institucionalidad lo que ha pasado en el Perú es que desde el 2013 ha habido un ciclo de desregulación en el sector ambiental. Hay varios instrumentos que limitan la participación ciudadana, antes era un principio mucho más obligatorio en la legislación ambiental peruana y esto se ha debilitado.

“Ha originado conflictos porque precisamente la gente no sabe cuáles son estos cambios, estas modificaciones en los proyectos mineros”, precisó.