La Comisión de Ética del Congreso de la República archivó la denuncia contra el Presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por supuestamente aprovecharse de una ley aprobada en el Legislativo, denominada "Ley Soto", para culminar un proceso judicial que tenía en Cusco. 

La decisión se adoptó por 13 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones. Por lo tanto, el expediente pasó al archivo.

Entre los congresistas que votaron a favor de archivar la investigación se encuentran los legisladores Rosangella Barbarán y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Esdras Medina (Unidad y Diálogo) y Héctor Valer (Somos Perú).

Además, votó por el archivo el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País).

Las conclusiones de la Comisión de Ética señalan que está acreditado que el congresista Soto no fue miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que dictaminó la iniciativa legislativa que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para cambiar la suspensión del plazo de prescripción. 

COMISIÓN DE ETICA: ALEJANDRO SOTO NO PARTICIPÓ EN EL DEBATE  DE LA LEY

Las mismas conclusiones señalan que Alejandro Soto no participó durante el debate de la sesión plenaria del día 13 abril, fecha en que se aprobó el dictamen del proyecto ley en mención.

Finalmente, también se concluye que no está acreditado que el congresista Soto sostuvo coordinaciones previas con el autor principal de dicha iniciativa para la elaboración y presentación del proyecto de ley.

Como se recuerda, Soto fue denunciado por pedir en enero de este año al entonces presidente del Parlamento, José Williams, poner en agenda la iniciativa que buscaba modificar la suspensión del plazo de prescripción. 

Según el portal Infobae, la Ley 31751 fue utilizada por la defensa del congresista Alejandro Soto como parte de sus alegatos, en un proceso por estafa y falsedad genérica abierto en su contra, en un juzgado de su natal Cusco y que tenía una sanción de ocho años de cárcel.