El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez dijo que es incalificable el procedimiento por el cual el Congreso de la República busca remover a todos los miembros del organismo constitucional de manera inmediata, por la suspension de la fiscal de la nación Patricia Benavides.  

“Se pretende sin debate alguno, una destitución inmediata, esto es inédito no tiene precedentes en nuestra democracia, por lo menos en los últimos 43 años”, precisó.

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En entrevista en los estudios del programa Diálogo Abierto, de TVPerú Noticias, el magistrado Vásquez reconoció que el congreso si puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero no mediante este mecanismo que califico de súper exprés y por discrepancias con una decisión de este organismo. 

Asimismo, denunció una animadversión de un sector del Congreso de la República de larga data contra la Junta Nacional de Justicia y mencionó como prueba los cuatros denuncias constitucionales que están en trámite y las tres mociones que buscan sus remociones en forma sumaria

El magistrado Vásquez atribuyó la actuación del Parlamento Nacional al trabajo independiente que realiza el organismo constitucional.

 “Yo creo el trasfondo de todo esto, es el pavor que tienen algunas señoras y señores representantes respecto de la actuación independiente de la Junta Nacional de Justicia”,precisó.

Señaló, que las mociones que piden la remoción de los integrantes dela JNJ son absolutamente irregulares, debido a que las faltas graves que se les atribuyen no están tipificadas.

ALDO VÁSQUEZ: REMOCIÓN DE JNJ SIGNIFICARÍA QUIEBRE CONSTITUCIONAL

En otro momento, Vásquez dijo que es difícil que los suplentes de los magistrados de la JNJ asuman cargos en caso de ser destituidos los titulares.

 “Profesionales calificados de jerarquía, difícilmente creo aceptarían asumir la tarea. Además, en las condiciones en la que les tocaría asumirla, frente a una JNJ diluida avasallada por una eventual mayoría congresal,agregó.

Finalmente, Vásquez, dijo que la destitución de los magistrados del JNJ significaría el quiebre del ordenamiento constitucional y tendría graves consecuencias para la democracia del país. Además, de la paralización de los concursos para el nombramiento de jueces y fiscales y los procedimientos disciplinarios, entre otras situaciones.