El expresidente Alberto Fujimori, continuará en prisión, luego que el primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo de Vicente Fernández, declaró este viernes improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que restablece el indulto al exmandatario. 

 “El primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus”, precisa la resolución.

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La misma resolución dispone que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de hábeas corpus.

 ALBERTO FUJIMORI: JUZGADO NO TIENE COMPETENCIA

Además, la resolución también señala que el juzgado  carece de competencia para ejecutar la sentencia debido a que la demanda de hábeas corpus no fue declarada fundada por su juzgado.

En esta línea, sostiene que le corresponde al Tribunal Constitucional   emitir pronunciamiento sobre la libertad del expresidente Alberto Fujimori.

“En consecuencia, por mandato legal, corresponde al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, más no así al Juzgado donde se originó la demanda de hábeas corpus, según corresponda, emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la SENTENCIA ESTIMATORIA contenida en la SENTENCIA DEL PLENO NO 78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori, al haberse declarado fundado la demanda de hábeas corpus en dicha máxima Instancia constitucional, precisa la resolución.

Hay que señalar, que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori en la Navidad de 2017, beneficio que fue  anulado el 2019 por la Corte Suprema, para luego ser restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional. 

Alberto Fujimori actualmente está recluido en la prisión del penal de Barbadillo, donde cumple una condena por 25 años por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta.