El abogado laboralista Ricardo Herrera, en el contexto de derogación total y parcial de dos Decretos de Urgencia de negociaciones colectivas y reincorporaciones laborales en el Congreso, recordó que hace unos años el Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente inconstitucional la ley Servir en aspectos referidos a la negociación colectiva.

“Pero también reconoció que en el Estado la negociación colectiva es particular porque debe ser respetuosa con el equilibrio presupuestal”, dijo en Cara a Cara de TVPerú.

Afirmó que el Estado es un gran empleador que debe asignar recursos públicos para mejorar los ingresos de los trabajadores, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestal. “Es decir, no se puede exceder en cuanto a lo razonablemente realizable en incrementos de remuneraciones o beneficios laborales para los trabajadores”.

Avizora una marcada tendencia en materia de arbitrajes laborales en este panorama de post derogaciones. Rememoró que “la historia peruana de arbitrajes ha sido lamentable en términos de respeto frente al fisco. Y sobre todo sin observar el equilibrio presupuestal. Hay casos de empresas públicas que sufrieron laudos que otorgaron incrementos salariales o bonos por cierre de pliego largamente superior a la inflación y estableciendo el derecho hereditario al puesto de trabajo”.

Informó que el Poder Ejecutivo trabaja tres medidas que ayudarán en la reactivación del trabajo. “La primera es el subsidio directo a las empresas. La segunda: incentivos tributarios en la contratación de minorías laborales como son los jóvenes. Y la tercera, facilitar la contratación temporal por un año o dos para que cualquier tipo de labor permanente pueda ser contratada a plazo fijo”.

El laboralista dijo que las empresas no son productivas porque sufren una economía de subsistencia y que, al menor impacto económico, quiebran. Añadió que un indicador del mercado formal laboral se verá cuando el gobierno oficialice el fin de la emergencia sanitaria y concluyan las suspensiones perfectas de labores. “¿Fue una medida suficiente para que reanuden actividades con todos los trabajadores suspendidos? ¿O se van a forzar reducciones de personal o ceses colectivos?”, preguntó el abogado Ricardo Herrera.