Procesos de pensión de alimentos superan el 60 % de casos a nivel nacional
Los procesos por pensión de alimentos concentran más del 60 % de los casos de familia en el país y afectan directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Foto: captura.
Los procesos por pensión de alimentos registran una alta incidencia en el país y superan el 60 % de los casos atendidos en materia de familia, según se expuso en el consultorio legal. El tema fue abordado por el defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ángel Ramos Andrade, quien explicó el alcance legal de esta obligación y las consecuencias de su incumplimiento.
Desde la Defensa Pública, el especialista precisó que la pensión de alimentos constituye un aporte económico destinado a garantizar el sustento de una persona, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Señaló que esta obligación se extiende desde el nacimiento hasta los 18 años. No obstante, puede prolongarse hasta los 28 años si el alimentista cursa estudios de manera satisfactoria o presenta una condición que le impida mantenerse por sí mismo. En casos de discapacidad, la pensión puede tener carácter indefinido.
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PADRES Y MADRES PUEDEN SER DEMANDADOS
Ramos Andrade indicó que, si bien históricamente los padres han sido los principales demandados, esta situación ha cambiado. Actualmente, los procesos incluyen también a madres en calidad de obligadas. De acuerdo con lo señalado, la distribución aproximada es de 75 % de padres y 25 % de madres demandadas, una cifra que muestra un incremento progresivo de casos en los que las mujeres asumen esta responsabilidad legal.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
Cuando existe una sentencia firme que ordena el pago de la pensión y esta no se cumple, se activan diversas medidas legales. Una de las primeras es la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), lo que afecta la situación financiera del obligado. Además, el juez puede ordenar el impedimento de salida del país para garantizar el cumplimiento de la obligación.
El defensor público explicó que, si se acumulan al menos tres meses de deuda, se puede aprobar una liquidación de devengados. Tras ello, el juez concede un plazo de tres días para el pago. De persistir el incumplimiento, se remiten copias certificadas al Ministerio Público para iniciar una investigación por el delito de omisión a la asistencia familiar, lo que puede derivar en una pena privativa de la libertad.
PAGOS DEBEN REALIZARSE POR LA VÍA FORMAL
El especialista recalcó que los pagos deben efectuarse por los canales establecidos, como el abono en la cuenta correspondiente del Banco de la Nación. Los pagos directos, fuera del sistema formal, no sustituyen la obligación ordenada judicialmente y pueden generar controversias posteriores.
Respecto a montos elevados adeudados, como 10 000 soles, se aclaró que el pago no extingue automáticamente la responsabilidad penal. No obstante, cumplir con la obligación puede permitir el acceso a beneficios penitenciarios, según la etapa del proceso.
PRIORIDAD DE LOS HIJOS Y REDUCCIÓN DE PENSIÓN
Ramos Andrade enfatizó que la primera obligación es con los hijos, incluso cuando el obligado sostiene económicamente a otros familiares. En caso de nuevas cargas familiares, el padre o la madre pueden iniciar un proceso de reducción de alimentos, sin afectar el derecho del menor alimentista primigenio.
FILIACIÓN, NOTIFICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Cuando el presunto padre no reconoce al menor, se puede iniciar un proceso de filiación junto con la demanda de alimentos. Asimismo, la normativa vigente permite notificaciones por medios digitales, incluido WhatsApp, lo que facilita los procesos cuando el demandado se encuentra fuera del país.
OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE FAMILIARES
En situaciones donde el padre ha fallecido, se encuentra interdicto o no puede asumir la obligación, la ley permite demandar a los abuelos y, de manera progresiva, a otros familiares como tíos o hermanos del obligado.
PLAZOS, PORCENTAJES Y ASESORÍA GRATUITA
Los procesos de alimentos pueden resolverse en plazos variables. Existen casos con sentencias emitidas en 40 días. El porcentaje máximo de pensión alcanza el 60 % de los ingresos del demandado y se distribuye de forma proporcional entre todos los hijos.
Finalmente, se recordó que no es obligatorio contar con abogado para iniciar el proceso. Sin embargo, se recomendó recibir orientación legal. La Defensa Pública ofrece asesoría gratuita a través de la línea 1884 y en más de 400 oficinas a nivel nacional.
El llamado final fue a reforzar la responsabilidad de padres y madres con sus hijos, considerando que el incumplimiento genera consecuencias legales como impedimentos de salida del país, antecedentes judiciales, embargos y registro en el Redam.
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