El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, informó que el presupuesto inicial asignado a su sector para el ejercicio fiscal 2023 es de S/ 1,983 millones, una cifra superior en 128 millones y que representa un incremento de 7% respecto año fiscal 2022.

Chero Medina sustentó ante el Pleno del Congreso de la República el presupuesto de su sector para el ejercicio fiscal 2023, que comprende los pliegos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Procuraduría General del Estado (PGE) y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

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Asimismo, refirió que, del presupuesto total del próximo ejercicio, S/ 557 millones se destinarán al MINJUSDH; S/ 797 millones al INPE; S/ 594 millones a la SUNARP y S/ 35 millones a la PGE.

A modo de antecedente, con respecto al presupuesto del año fiscal 2021, recordó que la ejecución presupuestal del Sector Justicia por toda fuente de financiamiento alcanzó un monto de S/ 1,794 millones, equivalente al 91% del presupuesto aprobado.

Agregó que, para el presente ejercicio 2022, se espera ejecutar un total de S/ 2,019 millones, que representará una ejecución del 96%, superando el desempeño del año anterior.

El ministro dio cuenta también del marco estratégico del Sector Justicia, constituido por cinco ejes misionales, entre estos: brindar acceso a los servicios de justicia a los ciudadanos, enfocado principalmente en aquellos en situación de pobreza o de vulnerabilidad; fomentar, respetar y garantizar los derechos humanos; desarrollar una Política Criminológica centrada en la reinserción social; asesorar y promover la defensa jurídica de los intereses del Estado; y fomentar de manera sostenida una cultura de legalidad al interior de la sociedad peruana.

Luego, comentó que en el país tenemos tres procesos de criminalización: primaria, que corresponde al Legislativo; secundaria, que corresponde al Poder Judicial, y terciaria, que corresponde al INPE, los que tienen que integrarse y articularse para lograr una correcta reinserción social. 

Por ello, anotó, se debe considerar en la Ley de Presupuesto 2023 la incorporación progresiva de los servidores de seguridad y tratamiento penitenciario del INPE, que están bajo el régimen del DL 276 y DL 1057, que regula el régimen CAS, a la carrera penitenciaria regulada por Ley 29709.

Indicó que, al analizarse el presupuesto, se tendría que autorizar al MEF realizar las modificaciones presupuestarias que permitan que estos servidores puedan tener una mejor calidad laboral y de vida.