Como un “desastre ambiental, social y humanitario” calificó el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, el derrame de petróleo ocurrido el pasado fin de semana en la playa de Ventanilla y que ha afectado a otras zonas marino costeras del norte chico del país.

Asimismo, señaló que es un desastre económico, porque está afectando diversas actividades productivas en las jurisdicciones impactadas por ese hecho. Así lo sostuvo esta tarde durante su exposición en la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Ambiente y Ecología; y de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso de la República.

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En ese marco, detalló las intervenciones sectoriales frente a dicha emergencia ecológica. “El Minam ha trabajado diligentemente, desde las primeras horas que se tomó conocimiento de los hechos, en coordinación con el alcalde de Ventanilla”, refirió.

Precisó que el OEFA hizo el trabajo de campo el domingo 16 de enero desde muy temprano, para luego tomar medidas correctivas y aplicar medidas que deben ser cumplidas por la empresa Repsol.

Añadió que, al siguiente día, él se constituyó en la playa afectada junto con el alcalde de esa comuna, luego fue a la Fiscalía Ambiental para entregar la carpeta correspondiente, acordándose “la persecución del delito ambiental”. Posteriormente, coordinó con los pescadores y organizaciones sociales de las zonas impactadas.

El ministro Ramírez fue muy enfático en remarcar la responsabilidad de la Refinería La Pampilla en el citado desastre ambiental, pues esta habría tratado de minimizar la cantidad de crudo derramado “como si fuera de una pequeña embarcación”. Además, subrayó que no se informó a la autoridad sobre la verdadera magnitud del problema, omitiéndose información y no comunicarla en el momento oportuno.

Asimismo, reveló que el buque traía en realidad un millón de barriles de crudo para la descarga en la estación de la refinería. “Me llama a atención de que no se haya informado correctamente, e inclusive, se ha inducido al error a las autoridades”, aseveró.

“Estamos indignados como sector frente a este grave problema que podría ser considerado como un genocidio ambiental”, acotó. Luego, sustentó que este es un asunto de derechos humanos, pues no solo se cuida el área territorial afectada, sino también el planeta y la preservación de la vida misma, que es el bien jurídico protegido por el derecho ambiental.

En otro momento, indicó que su sector seguirá supervisando las acciones de limpieza, el confinamiento del material oleoso y su disposición final; y la remediación. También dijo que el próximo lunes estarán llegando los expertos de las Naciones Unidas que apoyarán en esta emergencia ambiental, y que se han coordinado acciones colaborativas con USAID y embajadas acreditadas en nuestro país.

El titular del Ambiente manifestó que, como Estado, se ha dispuesto un cronograma, a través del OEFA, que tiene un plazo de hasta diez días, incluyendo las diferentes etapas de todo el proceso de remediación. En cuanto a lo propuesto por Repsol, dijo que eso será evaluado, “porque eso no va a afrontar el problema, y menos la emergencia, porque vemos que el material oleoso se ha desplazado a otras zonas del litoral peruano y está comprometiendo a otras áreas”.