Más de 23 mil personas privadas de libertad trabajan en los establecimientos penitenciarios del país
Un total de 23,438 personas privadas de la libertad desarrollan actualmente diversas actividades laborales en los establecimientos penitenciarios del país, en el marco de la Política Penitenciaria que impulsa la actual gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), con especial énfasis en la resocialización.
En los talleres productivos están inscritos más de 11 mil internas e internos, en tanto otras 12 mil personas realizan actividades laborales de manera grupal o individual.
Para ello, los establecimientos penitenciarios cuentan con 400 talleres productivos, en los que se elaboran artículos de alta calidad en rubros como textil-confecciones, cerámica, cuero-carteras, panadería, zapatería, joyería, tejidos a máquina, artesanía, carpintería metálica, entre otros. Los talleres no son solo espacios de capacitación en diferentes especialidades, sino que ofrecen la oportunidad de trabajar, como parte del proceso de resocialización.
Otro dato importante que también contribuye con la resocialización es la educación. A la fecha, 15,580 internas e internos de los establecimientos penitenciarios del país se encuentran ejerciendo actividades educativas-formativas.
Todas estas acciones se implementan como parte de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo N°011-2020-JUS, cuyo seguimiento técnico y evaluación lidera el MINJUSDH, y se ejecuta con la participación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismo adscrito al sector justicia, y diversos sectores.
La Política Nacional Penitenciaria tiene seis objetivos prioritarios: reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario, mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad, asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria, fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre; fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario; y mejorar las capacidades para la reinserción de las personas que han cumplido sus penas.
