Con el objetivo de fortalecer las metas del país frente al cambio climático y renovar el compromiso que asumió nuestra nación en el marco del Acuerdo de París, esta tarde, el Gobierno peruano aprobó la Declaración de Emergencia Climática nacional, a través de la promulgación del Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática.

El acto protocolar se desarrolló en una playa de Ventanilla afectada por el derrame de petróleo, con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo; la primera ministra, Mirtha Vásquez; y el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.

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En ese marco, el titular del sector destacó que con dicha norma se está marcando un “hito histórico” en consonancia con la agenda mundial sobre cambio climático y las economías verdes. “Esta herramienta legal frena la deforestación, frena el uso indiscriminado de los acuíferos”, acotó.

Asimismo, dijo que con ello se impulsa el tránsito “a una economía baja en carbono, a reciclar y a ceñirnos a una agenda mundial verde”.

Al reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta, señalo que este debe ser aprovechado  sostenible y sustentablemente, “guardando los demás recursos para las futuras generaciones”.

Política de Gobierno

Como lo anunció el presidente de la República, Pedro Castillo, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre de 2021, “ha llegado el momento de que el mundo se replantee las actividades para lograr un desarrollo sostenible en armonía con el planeta para dejar un mundo habitable a las generaciones futuras”.  En razón a ello, dijo que “como expresión de nuestro compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la Emergencia Climática Nacional”.

Con esta acción gubernamental se busca generar un cambio en la producción de energía, en las inversiones, en la conservación de nuestros bosques, así como en el transporte, la agricultura y en la salud.

El sentido de urgencia y ambición del compromiso peruano sigue siendo crucial. En diciembre de 2020, nuestro país aumentó su ambición incrementando de cinco a siete las áreas para adaptarse al cambio climático (agua, agricultura, pesca y acuicultura; bosques, salud, transporte y turismo), y pasando a un 40 % de reducción de emisiones de GEI para el 2030, además de pretender alcanzar la descarbonización al 2050. 

Asimismo, actualmente se cuenta con el Plan Nacional de Adaptación, que establece una ruta para la reducción de los riesgos asociados a los peligros del cambio climático; además, se tiene información científica para la toma de decisiones desde el territorio, considerando especialmente los saberes ancestrales de los pueblos indígenas u originarios de nuestro país. 

En materia de mitigación, el compromiso nacional es limitar nuestras emisiones en 179 millones de toneladas de CO2 equivalente con acciones en los sectores de: agricultura, procesos industriales, energía, transporte, desechos y uso de suelo; cambio de uso de suelo y silvicultura. 

Para el Gobierno, el cambio climático es un reto para el desarrollo del país, pues tiene impactos en la salud, economía, agricultura, vivienda, medios de vida y cualquier otra dimensión social y económica.

En esa perspectiva, frente a la emergencia climática, el Minam hace un llamado a la unión de esfuerzos desde todos los sectores y actores sociales; por ello, se fomentan alianzas entre el Gobierno, empresas y ciudadanos interesados en la conservación de nuestro ambiente.