El Gobierno oficializo la declaratoria del estado de emergencia en 544 distritos de 14 regiones del país por peligro inminente ante déficit hídrico, como consecuencia del inminente Fenómeno El Niño 2023-2024. El anuncio hecho el martes por la jefa de Estado, Dina Boluarte, se tomó en sesión del Consejo de Ministros, la cual se desarrolló de manera remota, ya que la mandataria  se encuentra cumpliendo  visita oficial a Estados Unidos.

El Decreto Supremo N° 104-2023-PCM, publicado hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que los referidos distritos se ubican en 91 provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna.

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La declaratoria del estado de emergencia tiene vigencia por 60 días calendario y durante ese tiempo se podrán ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La norma dispone que los gobiernos regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna, y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud,Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa; además de instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

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Las referidas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Además, indica que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo a presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y por los ministros de Salud, César Vásquez; Educación, Miriam Ponce Vértiz; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez; Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes; Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero; Interior, Vicente Romero Fernández; y de Defensa, Jorge Chávez Cresta.