La Defensoría del Pueblo aseguró que es “legítimo y necesario” que el Estado disponga restricciones para las personas no vacunadas contra el COVID-19, ya que la legislación vigente permite limitar derechos en beneficio de la salud pública.

“Esto se sustenta en que el derecho a la salud exige actuaciones estatales de prevención y atención ante las enfermedades trasmisibles como el COVID-19, pero también demanda de las personas un deber de someterse a dichas medidas para la protección de la salud pública”, señaló.

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En tal sentido, la entidad consideró “razonable” que se condicione el acceso a espacios cerrados, donde existe mayor riesgo de contagio. “Medidas del D. S. N.° 168-2021, como condicionar acceso a espacios de mayor riesgo de contagio solo a personas vacunadas, son razonables ante el virus mutante y contagioso”.

La Defensoría pidió que la implementación de esta norma se fiscalice y pidió a la población acudir a vacunarse, ya que esta es la forma de prevención más efectiva ante formas severas del COVID-19.

“La vacunación es un derecho y un deber a favor de salud pública. El Estado debe garantizar vacunas para todas las personas”, dijo.

Esto se sustenta en que el #DerechoALaSalud exige actuaciones estatales de prevención y atención ante las enfermedades trasmisibles como el #COVID_19, pero también demanda de las personas un deber de someterse a dichas medidas para la protección de la salud pública. (2/4)

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) November 16, 2021