En respuesta al comunicado conjunto emitido por un grupo de países de la región, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que las decisiones adoptadas por el expresidente Pedro Castillo, al intentar disolver el Congreso de la Republica y reorganizar el sistema de justicia, constituyen un golpe de estado.

“Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”, señaló.

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A través de un comunicado, la Cancillería también señaló que la vacancia de Castillo Terrones es una decisión que se encuentra dentro del marco constitucional. Se dio “con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de solo 6 de ellos y 10 abstenciones”.

Asimismo, resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció “(…) la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.

La Cancillería también destacó que la presidenta Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales.

“El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo”, finalizó.